Auditoría a GORE del Biobío detecta que 10% de convenio con fundación creada por Bachelet fue al sueldo de la directora del programa

María Estela Ortiz, exvicepresidenta de la Junji durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y amiga de la exmandataria, encabezó el único proyecto financiado con recursos públicos desarrollado por la Fundación Horizonte Ciudadano. La iniciativa, pactada con el exgobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz (exseremi de Gobierno de Bachelet), buscaba recoger las percepciones de niños, niñas y adolescentes sobre la violencia que los afecta. Por su rol como directora del programa, Ortiz recibió un total de $37 millones en 15 meses ($2,5 millones mensuales). Una auditoría externa encargada por el Gobierno Regional del Biobío calificó esos pagos como “excesivos”, porque representan el 10% del presupuesto total del convenio, que ascendió a $379 millones. El hijo de Ortiz, Juan José Parada, también fue contratado en el proyecto. CIPER tuvo acceso al informe de esa auditoría, cuyos resultados fueron expuestos este miércoles 28 de mayo en el Gore del Biobío.

Créditos imagen de portada: Rodrigo Gajardo / Agencia Uno

Una auditoría externa encargada por el Gobierno Regional del Biobío, en el marco del Caso Convenios, advirtió que hubo un “gasto excesivo” en los pagos recibidos por la directora de un convenio firmado con la Fundación Horizonte Ciudadano, cuya fundadora es la expresidenta Michelle Bachelet. Se trata de María Estela Ortiz Rojas, exvicepresidenta de la Junji y amiga de la mandataria, quien rindió honorarios por $37,5 millones divididos en los 15 meses que duró el proyecto enfocado en conocer la visión de niños y adolescentes sobre las violencias que los afectan. Los pagos recibidos por Ortiz equivalen al 10% del monto total asignado al proyecto, cifra que alcanzó los $379 millones.   

En horas de la tarde de este miércoles 28 de mayo, en las dependencias del Gore en Concepción, se expusieron los resultados de la auditoría externa que el propio organismo ordenó en 2023. La consultora Xlibrium, que se adjudicó la revisión, analizó los 195 convenios registrados en el Sistema de Administración y Gestión de la Inversión Regional entre 2022 y 2023, la plataforma que alberga toda la documentación relacionada con programas y convenios de inversión regional que son financiados con fondos públicos. De este total, 60 corresponden a fundaciones, corporaciones y ONG. El resultado fue un informe de 177 páginas al que CIPER tuvo acceso. 

El acuerdo con Horizonte Ciudadano captó la atención pública en medio del Caso Convenios por la conexión del exgobernador regional Rodrigo Díaz Wörner (exDC) con el círculo de la expresidenta Michelle Bachelet.  Antes de asumir como Gore, Díaz se desempeñó como gobernador de la Provincia de Concepción durante el primer gobierno de la mandataria. Luego, fue designado Seremi de Gobierno. Actualmente, el exgobernador se encuentra imputado en la causa por el Caso Convenios que lidera la fiscal de Alta Complejidad de Concepción, María José Aguayo.

Para esa época, la fundación Horizonte Ciudadano era dirigida por Pedro Güell, el principal asesor de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, por la exjefa del segundo piso Ana Lya Uriarte y la periodista Haydée Rojas. María Estela Ortiz era parte de la fundación desde 2018 y trabajó en distintos proyectos remunerados antes de asumir la dirección de la iniciativa que ahora fue revisada por la auditoría, denominada “Voces del Biobío para vivir sin violencia”. Además, Ortiz era la encargada de incidencia política -que es el área en la que desarrollan acciones para influir en la definición de políticas públicas- en la fundación.

Expresidenta Michelle Bachelet en el lanzamiento de la fundación Horizonte Ciudadano, 2 de agosto de 2018 (Fuente: Hans Scott / Agencia Uno)

Entre los principales hallazgos de la auditora se cuenta el que los recursos del gobierno regional fueron transferidos a la Fundación Horizonte Ciudadano en una sola cuota, al inicio del proyecto, en diciembre de 2022. Al momento de la transferencia la organización no estaba inscrita en el Registro de Colaboradores del Estado, a pesar de que la Ley 19.862, en su artículo 6°, sólo permite entregar recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro una vez que son incluidas en dicha nómina. Según el informe de auditoría, sólo ocho meses después de la transferencia -el 3 de agosto de 2023- la fundación figuró en el registro de esa ley.

La fundación dijo a CIPER que en el Gobierno Regional no le solicitaron estar inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado.

Para financiar el convenio con Horizonte Ciudadano, el Gore del Biobío solicitó una modificación presupuestaria, la que fue autorizada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Contraloría, según la resolución 109 del 14 de octubre de 2022. En septiembre de ese año, la Unidad de Programas, dependiente de la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE del Biobío, hizo una recomendación técnica para la ejecución del convenio, lo que incluía la acreditación de sus “facultades legales para operar el programa”.

“La fundación Horizonte Ciudadano de acuerdo a su normativa legal vigente, se encuentra en condiciones de aplicar y ejecutar el programa ‘Fundación Horizonte Ciudadano – niños, niñas y adolescentes: voces del Biobío para vivir sin violencia’, concluyó el informe técnico que data del 15 de septiembre de 2022, a pesar de que la entidad no figuraba en el mencionado registro de la Ley 19.862.

La auditoría también destaca que la fundación no contaba con inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, aunque este no sería un requisito excluyente para que las organizaciones sin fines de lucro firmen convenios con instituciones públicas. En esta situación, según el informe, también estaban: Corporación Impulsa Biobío, Fundación en Ti, ONG Red Cultivarte y Fundación Incluye.

Frontis del Gobierno Regional del Biobío (Fuente: Alejandro Zoñez / Agencia Uno)

DUDAS CON LOS SUELDOS

Todos estos antecedentes habían sido advertidos por la Contraloría o en el marco de la investigación judicial del Caso Convenios, pero, hasta la fecha nadie había cuestionado los pagos recibidos por la directora del proyecto, María Estela Ortiz. En específico, en el informe se señala que: “Se aprecia gasto excesivo para las actividades de la Sra. María Estela Ortiz Rojas (…) como directora de programa. En 15 rendiciones revisadas, se pagó la suma de $37.500.000, lo que equivale al 10% del monto total del programa”.

Ortiz fue contratada como consultora por la Fundación Horizonte Ciudadano, el 6 de diciembre de 2022. Su función era dirigir el convenio firmado con el GORE del Biobío, tarea por la que recibiría una remuneración de $2,5 millones menos impuestos durante los 15 meses que duró la iniciativa. CIPER llamó y dejó mensajes a María Estela Ortiz, quien prefirió no responder.  Esta labor implicaba viajar para realizar actividades en terreno. Pero, según las rendiciones que la fundación presentó al GORE, estos traslados se pagaban aparte. El monto total rendido por este ítem fue $12 millones, lo que incluye movilización de todo el equipo. 

Desde Horizonte Ciudadano dijeron a CIPER que:

“Estela Ortiz no cumplía ningún rol en la administración central ni en la estructura permanente de la Fundación Horizonte Ciudadano. Fue contratada como profesional a honorarios exclusivamente en el marco del proyecto específico y acotado ‘Voces del Biobío para vivir sin violencia’, financiado por el Gobierno Regional del Biobío. Su contratación se realizó con términos de referencia, funciones y duración definidos, y su remuneración correspondía únicamente a dicha labor. Estela Ortiz es una profesional con una destacada trayectoria en políticas públicas y trabajo comunitario, y, como todos los profesionales que participaron del proyecto, prestó servicios estrictamente en función de los objetivos y metas establecidos en el convenio correspondiente”.

La auditoría también apunta a los trabajados realizados por su hijo, Juan José Parada Ortiz -hermano de la gestora cultural Javiera Parada-, quien percibió honorarios por $1,8 millones mensuales como asesor de comunicaciones del proyecto revisado. De acuerdo a la auditoría, no habría antecedentes que respalden las tareas que habría prestado Parada Ortiz y que aparecen detalladas en los informes de actividades presentados por la fundación en las rendiciones de cuentas. 

En la fundación aseguran que los trabajos fueron realizados y que Juan José Parada Ortiz prestó servicios durante siete meses —de enero a julio de 2023— cumpliendo funciones definidas, “cuya ejecución está respaldada por informes técnicos debidamente aprobados. Toda esta información ha estado a disposición de las autoridades competentes desde el inicio del proyecto”. CIPER pudo revisar respaldos de esos trabajos en los que se detallan reuniones, sesiones consultivas, informes de diseño gráfico y comunicaciones.

No es la primera vez que a María Estela Ortiz se le cuestiona por ingresos de origen público. En 2019, según consignó Bio Bío, Contraloría detectó que mientras era secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia (Conain) -organismo creado por Bachelet- habría recibido “sobresueldos” por más de $3 millones sobre su remuneración normal. Según registros de prensa, Ortiz percibió en total $36 millones extra. En ese momento, estando a cargo del área de incidencia política de Horizonte Ciudadano, rechazó la acusación y dijo que el informe de Contraloría tenía “errores manifiestos y preocupantes en algunos de sus acápites».

María Estela Ortiz (Fuente: Mario Dávila / Agencia Uno)

La auditoría también señala que el GORE no contaba con un método para comparar los valores señalados en el convenio con los precios del mercado, a objeto de justificar el presupuesto solicitado por las fundaciones. Tampoco realizaba un análisis de la experiencia, competencias técnicas y económicas de las organizaciones sin fines de lucro que optaban a desarrollar esos programas. Según la investigación, solo se aseguraba la vigencia de la personalidad jurídica y directorios de las fundaciones con las que se firmaron convenios, entre ellas, Horizonte Ciudadano.

El proyecto “Voces del Biobío para vivir sin violencia” conocido como “Ahora tienen que escucharnos: ideas para convivir”, es el único convenio firmado por la Fundación Horizonte Ciudadano con un organismo público chileno y en el Registro de Organismos Colaboradores del Estado la ONG solo figura con un total de $379.870.000 recibidos, que es el monto que corresponde al programa que ejecutó para el GORE del Biobío. 

La iniciativa se desarrolló entre diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2024, y su principal objetivo fue conocer la opinión y propuestas de los estudiantes de la región respecto de las violencias en sus territorios y entornos. Para esto, se entrevistaron a niños y adolescentes de 5° básico a 4° medio de 159 colegios de los municipios de Arauco, Alto Biobío, Cabrero, Cañete, Concepción, Coronel, Los Ángeles, Lota, San Pedro de la Paz y Talcahuano. Al final del proceso se hizo entrega de un informe al GORE del Biobío y se lanzó un documental.

Desde la fundación creada por la expresidenta Michelle Bachelet dijeron a CIPER que la ONG no recibió recursos para financiar gastos administrativos a nivel central, que todo el presupuesto se ocupó en la Región del Biobío y que la entidad “tuvo control estricto y permanente de los gastos del proyecto financiado por el GORE del Biobío. La administración financiera del proyecto se realizó desde la unidad financiera central de la fundación, conforme al sistema que se aplica a todos los proyectos ejecutados”. Además, señalaron que el GORE revisó y aprobó sin observaciones las rendiciones.

Tanto la Fundación Horizonte Ciudadano como Estela Ortiz fueron contactados por el Ministerio Público para declarar en el marco del Caso Convenios. En el caso de la fundación, eso ocurrió a inicios de 2024, misma época en que Ortiz dejó la organización.